En el 2007, cuando los altos precios de los hidrocarburos mantenían en vilo a las pequeñas, medianas y grandes economías del mundo, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes Especiales, con el interés de disminuir la dependencia de la siempre inquietante factura petrolera.
De inmediato los mejores teóricos y técnicos de los sectores público y privado comenzaron a presentar los modelos más viables para la producción de “energía alternativa”.
La lista comenzaba en la producción de etanol con derivados de caña o jatrofa, y se extendía hasta la construcción de grandes complejos de energía solar. Los foros de las principales universidades se abrieron al intercambio de ideas y al señalamiento de posibles capitales.
Hoy, tres años después de la creación de los incentivos legales, el presidente del Consejo Nacional de Energía, Enríquez Ramírez, explica que en todo el territorio nacional inversionistas privados desarrollan tres importantes parques de generación eólica, que a finales del 2011 aportarán cerca de 130 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENIC).
En estos momentos 150 pequeñas empresas y complejos residenciales producen con paneles fotovoltaicos la energía que consumen, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y algunas organizaciones no gubernamentales mantienen planes de construcción de pequeñas hidroeléctricas para comunidades campesinas ubicadas en distintos puntos de la geografía nacional.
“Usted puede importar equipos para producir energía renovable sin ningún tipo de impuesto, y el 75% de la inversión que usted hace se le devuelve a modo de Impuesto Sobre la Renta”, dice Ramírez, y agrega que para el próximo año las empresas distribuidoras de electricidad podrían tener la capacidad de instalar contadores bidireccionales. Estos medidores permitirán que los pequeños autogeneradores inyecten al SENI la energía que les sobre a cambio de una correspondiente retribución monetaria. “Creo que eso va a provocar un aumento de la presentación de proyectos”.
Sombras del proceso
Héctor Martínez, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía Renovable (ADEER), entiende que la promulgación de la ley 57- 07 y su reglamento de aplicación constituye un gran avance en el ámbito de la generación de energía limpia, pero se queda como un simple papel ante la falta de mecanismos y estructuras estatales que garanticen su correcta aplicación.
Martínez asegura que los inversionistas que quieren acogerse a las exoneraciones de la ley comienzan a tener problemas en las aduanas, porque el personal no está instruido para tramitar las facilidades estipuladas para la maquinaria que se destina a la generación alterna de electricidad. Lo mismo ocurre con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se presentan “serias dificultades” al momento de reconocer y aplicar el mandato de la legislación, sostiene.
Otros inconvenientes, continúa, se presentan en las empresas distribuidoras, porque sus técnicos no tienen un personal adiestrado para responder debidamente a las iniciativas eólicas y fotovoltaicas.
“Desde que un expediente cae en manos de una de estas instituciones, el juego comienza a trancarse, y el desarrollo del proyecto se hace prácticamente imposible”, critica Martínez, interesado en que el Poder Ejecutivo atienda la problemática con urgencia.
Institución
La ADEER, además, señala que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha comunicado públicamente que no está en condiciones de pagar a los generadores de energía solar el kilowatt/hora de energía crecia US$0.54, como establece la ley. “Pero tampoco plantea un acuerdo medio de ganancia mutua. Hay un tranque en ese tema”.
“De qué vale tener una ley si cuando vas a las instancias que tienen que aplicarla todos los caminos se trancan”, afirma Martínez desde su oficina de trabajo.
Y agrega que la falta de atención del sector público no solo mantiene la dependencia nacional respecto a los derivados del petróleo, sino que amenaza las inversiones que hasta el momento se han hecho en el campo de las fuentes de energía renovable, cuyo monto supera los RD$100 millones.
A la fecha están paralizados tres proyectos de energía solar. Uno de 30 mega watts, para a ser instalado en Monte Plata; otro de 50 mega watts que se instalará en Azua; y un proyecto de 25 mega watts en la zona de Pedro Brand. “Todos están parados porque no se ha llegado a un acuerdo en el pago de la energía”.
Estos y otros inconvenientes ponen sombra a la hilera de anuncios estatales y del sector privado que, por las condiciones climatológicas del territorio, definían a la República Dominicana como una futura potencia de generación eléctrica con sol, viento y marea.
MOTIVACIÓN LEGAL A LOS INVERSIONISTAS
DETALLES: La ley 57-07 de Incentivo al Desarrollo de las Energías renovables y sus Regímenes Especiales otorga la exención del 100% de los impuestos a los equipos y maquinarias importados para la producción de energía renovable. Las iniciativas también están exoneradas del pago de ITBIS y del Impuesto Sobre la Renta por 10 años (hasta el 2020), con retribución del 75% de la inversión hasta los 500 KW. La Comisión Nacional de Energía es la responsable de su aplicación en todo el territorio nacional.
Emprendedores que se han acogido a la norma se quejan por incumplimiento.
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